Los temas del II Congreso Nacional de Usuarios (de Servicios Públicos)

Los temas del II Congreso Nacional de Usuarios Oscar Gutiérrez Reyes, Manizales, diciembre 15 de 2009

Celebramos el 8 y 9 de diciembre, en Medellín, el II Congreso Nacional de la Unión Nacional de Usuarios y Defensores de Servicios Públicos. Qué mejor momento que éste para hacer referencia a los temas analizados y a las propuestas aprobadas. Comencemos por señalar que la agenda fue amplia y abordó una buena diversidad de temas, unos ya tratados en anteriores eventos y otros que por primera vez subieron al escenario. Los primeros se analizaron en su desarrollo y complejidad y los segundos se abordaron para conocer sus implicaciones y los riesgos que los acompañan para la integridad el país y para los usuarios. A los primeros les dimos un repaso, que permitió conocer los desarrollos legales, profundizando en el balance de las políticas neoliberales de apertura y privatización implementadas a partir de la reforma constitucional de 1991 y de la aprobación de las Leyes 142 y 143 de 1994. Conclusiones ciertas que demuestran a los colombianos lo nefasto que han sido las reformas neoliberales para el progreso nacional y el bienestar del pueblo. Sobre los segundos, relacionados con las nuevas formas que adquieren las políticas imperiales acordadas por el gobierno de Uribe, bregamos no sólo por desentrañarlas en las consecuencias que tienen para el sector, sino en las mayores condiciones de dominación que de ellas se derivan. Nos referimos a los tratados de libre comercio, TLC, las concesiones mineras a cielo abierto y su afectación sobre las comunidades rurales y sobre sus aguas, la presencia de bases y tropas norteamericanas y su amenaza frente a la integridad nacional y el interés desmedido del imperio por hacerse al control de la Orinoquia y la Amazonia con su inmensa riqueza y biodiversidad. También fueron del interés del II Congreso las modificaciones que necesariamente teníamos que hacer al programa de lucha de la Unión Nacional de Usuarios y la propuesta de aprobar unos estatutos y normas de funcionamiento que permitan legalizar la Unión y darle una estructura más organizada, y por tanto, más activa y dispuesta para el cumplimiento de sus tareas. A la orden del día estuvo también ratificar sus métodos de lucha. Estos temas fueron objeto de interesantes reflexiones por parte de los asistentes. Asunto de la mayor importancia fue recoger la experiencia de movilización y resistencia social expresada en el referendo del agua -del que la Unión ha sido importante promotora- y estudiar cuál debía ser nuestro comportamiento táctico para proporcionarle a la Unión Nacional de Usuarios un hilo conductor que jalone la cadena de la lucha popular frente a los servicios públicos. Por eso, se aprobó que la Unión Nacional de Usuarios conforme una comisión, que estudie la posibilidad de proponer, mediante un Referendo de Iniciativa Popular, una profunda reforma al régimen de prestación de servicios públicos para, modificando el artículo 365 de la Constitución Nacional, abolir las Leyes 142 y 143 de 1994 y reemplazarlas por una que garantice una digna, eficiente, democrática, estatal, pública y asequible prestación de los servicios básicos para todos los colombianos. Para alcanzar ese propósito la Unión Nacional de Usuarios, a partir del Congreso, debe encabezar un inmenso movimiento ciudadano que, no solo genere conciencia entre los colombianos sobre la inequidad de la ley y de las instituciones que hoy nos rigen en tan delicada materia sino que, permita, a través de la educación, la organización y la movilización, alcanzar un relación justa y democrática en la prestación de los servicios. Definir con precisión el qué hacer de la organización y el cómo enfrentar de la mejor manera la necesidad de construir un movimiento popular, acumular fuerza y responder a la ofensiva privatizadora del imperio y el gobierno de Uribe Vélez se convierte en un reto para quienes, con argumentos y con mucha paciencia, luchamos por realizar profundas transformaciones en la prestación de los servicios públicos. Lo anterior implica la necesidad de cambiar el modelo que nos rige y que está cimentado en la economía de mercado y en la privatización de las empresas y de los procesos de prestación de los servicios, sujetas a la norma del imperialismo de concentración de la riqueza en unos pocos monopolios y de máxima ganancia para sus propietarios. En este modelo, reafirmó el II Congreso, los servicios no son servicios sino negocios. Si en algún sector eso está hoy bien claro, es en el de las ahora llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC. Ahí ya se eliminaron la telefonía social, los subsidios para los más pobres, las tarifas diferenciales e incluso la característica de servicio. Ya ni siquiera los vigila la Superintendencia del sector. Y el reemplazo es simplemente la venta, para quien lo pueda comprar, de un paquete de minutos que habrá de pagar, consúmalos o no. Y si dispone de más dinero, podrá comprar también otras mercancías: televisión por cable, larga distancia nacional e internacional e internet. En la misma dirección marchan los demás servicios. Por medio de las tarjetas prepagadas y nuevos contadores se impondrá a los más pobres y a muchos de las capas medias de la población la venta de paquetes de metros cúbicos de agua y gas y de kilovatios de energía. Después se procederá a eliminar los subsidios para el estrato tres y a crear contribuciones para el estrato cuatro. Y quien no disponga de los recursos para comprar la tarjeta simplemente no gozará del servicio. El drama de los desconectados que se sufre en mayor o menor medida en todas las áreas urbanas del país señala que el modelo privatizador -al cuál sometieron además a las empresas estatales- no resuelve la necesidad de las familias colombianas más pobres de disponer de agua y energía. A fin de que éstas puedan gozar de los servicios, que más que servicios deberían ser derechos fundamentales -porque son indispensables para la vida y el bienestar de la población- es necesario cambiar el modelo. Pero como para los monopolios privados, tanto nacionales como extranjeros, el modelo sí funciona, cambiarlo depende de disponer de razones y fuerza popular y política suficiente y ello implica educar, organizar y movilizar a millones de colombianos. Tal es la tarea y tal el reto que debemos asumir. Si entendemos que el momento político que atraviesa el país se caracteriza por una situación en la que el personero de los monopolios y la “confianza inversionista” goza aún de gran respaldo y en la que aún las mayorías nacionales no calan la catadura y el pelaje de quien las gobierna ni se movilizan en pos de sus derechos, deberíamos acoger con entusiasmo la tarea de adelantar una campaña que dé a conocer la propuesta de construcción de un nuevo modelo de prestación de servicios públicos y que movilice, a millones de colombianos, para que estos sean derechos y dejen de ser simples negocios. Estos y otros más fueron los temas, las reflexiones y los debates de las mesas de trabajo. Con dedicación los delegados pensaron en estos asuntos, participaron y aprobaron las proposiciones y tareas puestas a su consideración en el II Congreso Nacional de Usuarios. Esperamos poder publicar, las principales conclusiones, en el próximo número de El Usuario.